29/10/2014 – El Gobierno dice que cumple con las buenas prácticas y que hay supervisión.

Hace cinco años, el 27 de noviembre de 2009, el activista mexicano Mariano Abarca caía asesinado a tiros frente a su casa en Chicomuselo, en el Estado de Chiapas. Poco antes había denunciado numerosas amenazas por su oposición a un proyecto minero local de la empresa canadiense Blackfire Exploration, motivo por el que también había sido detenido unos meses antes. El informe de la Fundación para el Debido Proceso sobre el “impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” destaca que “varios empleados y contratistas de la empresa Blackfire Exploration fueron acusados por los pobladores locales de tener vínculos con el suceso. Se ha indicado asimismo la omisión de la embajada canadiense ante las denuncias de esos hechos”.

Omisión y complicidad son dos de los términos que empleó este martes también Jennifer Moore, la representante de la ONG Mining Watch Canada, al reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno canadiense realice un “cambio radical” en su política exterior. Durante la audiencia, varias organizaciones exigieron que Canadá deje de proteger a la industria extractiva a costa de los derechos de los indígenas y de otros afectados por las actividades mineras canadienses en el extranjero, especialmente en América Latina.

El caso de Abarca es un ejemplo de la “relación del Estado canadiense con las compañías mineras: [el Estado] les ayuda a resolver conflictos, ignora las amenazas a activistas locales y sigue defendiendo los intereses de las compañías”, sostuvo la representante de Mining Watch, una organización sin ánimo de lucro que desde 1999 sigue las actividades del sector minero canadiense en el exterior. Y estas son, según lleva tiempo denunciando la ONG, más que cuestionables en países como Guatemala, Chile, Bolivia o Perú.

Fuente: El País.

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