23/02/2016 – Desde el inicio de operaciones, el proyecto minero Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., Exmingua enfrentó una fuerte resistencia pacífica por parte de los pobladores del lugar. Dicha resistencia basa su argumento en la falta de diálogo para iniciar operaciones, pues no se les consultó sobre la presencia de la misma dentro del área.

Asimismo, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Corte Suprema de Justicia el 4 de noviembre del año pasado, que prosiguiera con el amparo presentado por CALAS en contra del Ministro de Energía y Minas por la violación al derecho de consulta de los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo al momento de otorgarse la licencia minera Progreso VII Derivada.





Luego que el 6 de enero de este año la Municipalidad de San Pedro Ayampuc creara un acuerdo para cerrar el acceso a la minera como medida cautelar mientras la Corte de Constitucionalidad resolvía si se cerraba la mina por falta de licencia de construcción o no, miembros de la PNC se acercaron a la entrada de la mina por la noche y la madrugada del día siguiente, inspeccionando la cinta amarilla de la Municipalidad y las mantas indicando la razón y terminaron removiéndolas y tirándolas.

Finalmente ayer al final del día, la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de una mina de oro y plata en el departamento de Guatemala por no haber consultado a pueblos indígenas sobre sus operaciones.

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