18/07/2015 – A pesar que la empresa israelí M. Tarcic Engineering mantiene su posición que el Estado es quien le debe pagar “sus servicios” e incluso inició un proceso legal para conseguir dichos pagos, la jueza Claudette Domínguez, del juzgado de turno de Villa Nueva, ordenó el embargo de todas las cuentas bancarias y vehículos de la empresa.

Dicho embargo se realizó a solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, el Ministerio Público y el ex director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA), Edwin Ramos se unieron a dicha solicitud.

El caso es investigado por la fiscalía que trabaja con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

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