Para considerar del futuro de las actividades extractivas en Guatemala es muy importante poner atención a la necesidad de comprender y valorar la excepcional riqueza natural de nuestro territorio.

centroamerica-pol-1024x809 (1)En primer lugar, tenemos una muy rica biodiversidad que es resultado de la posición geográfica del istmo centroamericano. Estamos parados en un puente que une dos sub-continentes: Norteamérica y Sudamérica.
En ese puente han transitado por milenios, por katunes y baqtunes, infinidad de especies de vida, animales y vegetales que han dejado su
rica herencia en nuestro suelo. En Guatemala tenemos catorce zonas de vida; siete biomas; 7,756 especies de flora nativa; 1,170 especies endémicas (qué existen únicamente aquí); 5 eco-regiones de agua dulce; 445 especies de árboles latifoliados; 1,651 especies de vertebrados, entre aves , mamíferos, peces y anfibios. Uno de los países con mayor diversidad de árboles del planeta.

En segundo lugar, la ubicación de la estrecha franja de tierra centroamericana entre dos mares, como reza nuestro himno nacional “de dos mares al ruido sonoro”, hace que nuestro territorio sea rico en humedad, en recursos hídricos que son fuente de vida.

En tercer lugar, nuestro suelo se asienta sobre tres placas tectónicas que si bien son causa de riesgo por terremotos, a su vez son la causa de la formación de la cadena volcánica que atraviesa el país de suroccidente a sur-oriente, enriqueciendo los suelos con arenas volcánicas que proporcionan una excepcional fertilidad a las tierras de la costa sur y de los altiplanos occidental y central. Esta cadena volcánica y tectónica es el núcleo de las barreras montañosas que atrapan la humedad que viene de los mares para permitir las captación de agua dulce. A su vez es la razón que organiza el perfil topográfico con abundancia de pequeños valles y quebradas que producen abundantes microclimas y nichos ecológicos que dan albergue a la biodiversidad.

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Este territorio ha dado origen a importantes especies agrícolas como el maíz que está en el centro de la cultura Maya, del pueblo que desde la antigüedad y hasta hoy, ha sabido domesticar y cultivarlo en un sinnúmero de variedades que siguen siendo la base de nuestro alimento. Al maíz se suman otras plantas que tuvieron su origen en nuestro suelo como el tomate, el aguacate, el bledo, el ramón o ujuxte, las calabazas o güicoyes y decenas de especies vegetales alimenticias, curativas y decorativas que enriquecen a toda la humanidad.

El históricamente extenso y hoy cada vez mas intervenido y talado sistema de bosques naturales que a lo largo y ancho del territorio, juegan el papel de la esponja que absorbe las lluvias para producir la recarga hídrica que alimenta manantiales y corrientes que irrigan las tres grandes vertientes que nacen en Guatemala (la del Pacífico, la del Caribe y la del Golfo de México) y que garantizan una cuantiosa reserva de agua dulce y energía hidráulica, lamentablemente contaminada y abusada por los grandes intereses económicos.

Si no comprendemos y revaloramos este legado natural que enriquece nuestros territorios, estamos condenados a su desaparición y al agravamiento y la eternización de las desigualdades brutales que generan la pobreza y la miseria que padece la gran mayoría de la población guatemalteca.

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Desgraciadamente estas grandes riquezas naturales de Guatemala han estimulado una cultura depredadora y voraz, convertida en costumbre por parte de los poderosos económicamente del país, cuya visión de desarrollo se limita a continuar el saqueo y la sobreexplotación de la naturaleza y los pueblos, la que comenzó con la conquista y la colonización española y no termina.

En este increíblemente rico contexto natural, las tragedias políticas de nuestra historia han sentado un modelo de acumulación económica que avizora la riqueza natural como un botín para depredar y dilapidar, y no como un paraíso que cuidar y aprovechar.

Hoy los guatemaltecos estamos frente a un Estado construido sobre los cimientos del autoritarismo, la discriminación y el racismo. Diseñado para garantizar privilegios de una minoría rapaz y antipatriota que históricamente ha usado la violencia estatal contra los pueblos, para hacer valer sus mezquinos intereses.

En los años mas recientes el Estado de Guatemala ha sido copado por políticos corruptos que han hecho de la función estatal un medio de enriquecimiento ilícito. El esquema de la corrupción está fuertemente arraigado desde el poder municipal y se proyecta a todos los niveles y poderes del Estado, lubricado por la presión externa del narcotráfico. En este escenario se plantea una reforma a la Ley de Minería.

ROLANDO_ABRAZOA finales del siglo XX, cuando mediante la firma de los Acuerdos de Paz alcanzábamos a cerrar uno de los episodios mas terribles de nuestra historia, el gobierno encabezado por Álvaro Arzú promovió una serie de reformas legislativas que a espaldas del proceso de paz y contando con una aplanadora de diputados, aprobaron de manera opaca y apresurada, un conjunto de reformas a las leyes de Petróleo e Hidrocarburos; Minería; Electricidad; Telecomunicaciones; Forestal e incluso una ley de Catastro de la Propiedad Inmobiliaria, dirigidas a establecer un nuevo modelo de acumulación económica basado en privilegiar e incentivar las industrias extractivas y a favorecer las macroplantaciones agrícolas orientadas a la producción de combustibles y ya no de alimentos. Nosotros hemos denominado a ese conjunto de leyes: el Marco Legal para la Depredación de los Bienes Naturales y el Territorio.

Este marco legal ha sido la causa de una nueva invasión (empresarial) contra los territorios de los pueblos indígenas y mestizos de Guatemala.  Estos pueblos se están resistiendo activamente a la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, forestales y macroplantaciones que están amenazando sus medios fundamentales de vida, especialmente la grave amenaza de contaminar y limitar el acceso al agua limpia para las comunidades rurales, está en el centro de un movimiento de Resistencia en Defensa del Territorio y los Bienes Naturales.

Muerte y persecución enfrentan activistas ambientales en el paísLa voracidad empresarial de nacionales y extranjeros es la causa de que se haya instaurado un escenario de tensa conflictividad social.  Los pueblos afectados por los proyectos extractivos han iniciado una resistencia pacífica y legal haciendo uso de los derechos plasmados en la Constitución Política de la República y en leyes ordinarias y en convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. Esta resistencia se ha apoyado especialmente en el mecanismo de la Consulta Comunitaria y de Vecinos, garantizada por el Convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la OIT, por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y por el Código Municipal en sus artículos 60 al 66.

Ante la resistencia pacífica y legal de los pueblos, los empresarios de las industrias extractivas han lanzado una cruda campaña de criminalización contra activistas y líderes del movimiento, haciendo uso de recursos legales e ilegales, incluyendo la cárcel, la compra de voluntades, las amenazas directas, los atentados y el asesinato.

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Como un efecto del débil andamiaje legal para proteger el ambiente y para monitorear las actividades de las industrias extractivas, el Estado de Guatemala padece de una seria debilidad institucional ambiental y
destina muy pocos recursos para promover los derechos ambientales de la población.

Un asunto clave es la total ausencia de un Ley General que regule la protección y el aprovechamiento de los recursos hídricos.

Aprovechamos esta publicación para plantear públicamente la necesidad imperiosa de poner a discusión amplia y consultada con todos los sectores de la sociedad guatemalteca, una Ley General de Aguas dirigida a establecer el marco de relaciones en que se debe realizar la protección de las fuentes de agua, su aprovechamiento y utilización para los diversos necesarios a la vida y economía de la población guatemalteca. Esta Ley deberá fundamentarse en el derecho humano al agua y en el respeto a las formas tradicionales en que las comunidades indígenas valoran y protegen este preciado bien natural.

En cuanto a la iniciativa de reformas a la Ley de Minería propuesta por el Ministerio de Energía y Minas, tenemos las siguientes consideraciones: El Ministerio de Energía y Minas al plantear esta iniciativa de ley, debe tener muy en cuenta el grave clima de conflictividad que los proyectos extractivos han creado. La condición fundamental para superar este clima de conflicto es que se establezca con todo el peso de la ley, el derecho de los pueblos Mayas, Xincas, Garifunas y mestizos, a ser debidamente consultados de manera previa, libre e informada, a la autorización o concesión de los bienes naturales para su explotación.

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Las formas de realizar las consultas deben respetar las leyes nacionales vigentes y los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. No es posible aceptar la pretensión de usurpar la representación legitima de las comunidades a través de las Consultas Comunitarias y de Vecinos. Cualquier otro mecanismo alterno que pretenda ser legalizado, como por ejemplo poner en mano de los COMUDES estas decisiones, o a interponer reglamentaciones añadidas 6 innecesaria e indebidamente, van dirigidas al fracaso y al exacerbamiento de la conflictividad social. Los pueblos indígenas en particular tiene el derecho a que sean respetadas sus formas tradicionales de tomar decisiones sobre el tipo de proyectos o modelos de desarrollo supuestos a implementarse en sus territorios.

Como colectivo ecologista responsable y activo desde hace más de 17 años, proponemos la reforma a la Ley de Minería a partir de la prohibición expresa de la minería química de metales realizada de manera extensiva. Está demostrado por la experiencia nacional e internacional que este tipo de explotación minera que se apoya en catalizadores químicos altamente tóxicos como el cianuro de sodio, o que recolecta cantidades mínimas de metales que se hallan es grandes extensiones de roca, ya sea a cielo abierto o subterráneamente, tienen un grave impacto sobre los acuíferos superficiales y subterráneos. La actividad minera de este tipo provoca a mediano y largo plazo, graves impactos a las reservas de agua, por medio de procesos conocidos como el “Drenaje Ácido” que contamina los acuíferos con metales
pesados y cuyo tratamiento resulta sumamente caro y que debe prolongarse indefinidamente cuando se ha intervenido una zona minera con tales métodos.

Marlin-San-Miguel-Ixtahuacan-Marcos_PREIMA20101004_0040_5Los procesos mineros son de corto plazo, un filón de metales, especialmente si se trata de metales preciosos como el oro y la plata, al ser explotados con las técnicas de la minería moderna, química y extensiva, tienen una duración típica de 10 a 15 años. Después de ese plazo de explotación intensiva el mineral se agota. Después queda únicamente la contaminación que no aparece necesariamente de inmediato. Pueden pasar otros 10 o 15 años para que se expongan los impactos de la minería.

Dadas las actuales tendencias de política económica predominantes en el país, queda claro que no se está considerando un beneficio económico sustantivo para el país como producto de la minería. La reforma a la ley de minería de 1997, rebajó el porcentaje de regalías del 7% que fijaba la ley de 1993 a un absurdo 1%. El MEM pretende justificar la necesidad de promover la minería extensiva de metales con medios químicos, atendiendo a los limitados beneficios que produce el empleo de mano de obra y la reactivación de las economías locales en las áreas mineras. Pero ese magro beneficio no se ve compensado con el alto costo que implica manejar a largo plazo los impactos que deja una zona minera abandonada. Las empresas mineras tienden a explotar y salir lo mas pronto posible del área, cuando han agotado el mineral.
La propuesta actual señala regalías diferenciadas que van del 1% para materiales de construcción, hasta 5% para metales preciosos, dejando un 10% únicamente para Tierras Raras, un mineral muy codiciado actualmente por la industria electrónica y cuya extracción y procesamiento deja impactos ambientales mucho mas graves que los del oro y la plata. En pocas palabras se sigue planteando el regalar los bienes naturales a las empresas mineras mayoritariamente extranjeras. En resumen, la minería es un pésimo negocio para Guatemala.

Para poder comparar la situación de Guatemala con la de otros países mineros en nuestro continente presentamos e cuadro siguiente:

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El cuadro permite observar las grandes diferencias entre nuestro país y otros tradicionalmente mineros en variables demográficas y climáticas. Para comenzar el tamaño de nuestro país es mucho menor de 7 a 92 veces mas pequeño que los demás países mineros. Si examinamos la densidad de población, vemos que Guatemala presenta una fuerte presión demográfica sobre su territorio, tenemos 137 habitantes por Km2 en promedio. Pero en las áreas de población indígena donde se pretende desarrollar proyectos mineros, la densidad es mucho mayor. Aún así no hay nivel de comparación con países mineros que realizan esta actividad en zonas muy despobladas, desérticas o semi-desérticas y con poblaciones afectadas que resultan ser mucho menores que en Guatemala.

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Un asunto clave que sobre-determina la actividad minera en Guatemala es el acceso a la tierra. Una de las mayores inequidades existentes en Guatemala es la que plantea la altísima concentración de la propiedad agraria en una minoría de propietarios cada vez mas pequeña. Los procesos de monopolización de las tierras agrícolas se vienen agravando por al apoyo indiscriminado del Estado a las macroplantaciones de caña de azúcar y palma africana. La invasión 3xtractiva contra los territorios de los pueblos Mayas, Xincas y mestizos viene a agravar la presión sobre la escasa tierra cultivable que queda en manos de las comunidades campesinas. Este cuadro se ve mucho más complicado por la ubicación de los intereses mineros que vienen a coincidir con las áreas montañosas donde se han refugiado las comunidades indígenas, después de haber sufrido sucesivos despojos agrarios, desde la colonia, durante la reforma liberal-cafetalera, agravadas por la estrategia de tierra arrasada y los desplazamientos forzosos impuestos por el ejército contra la población indígena durante el conflicto armado. El impulso de las actividades extractivas está produciendo lo que los pueblos mayas llaman la Cuarta Invasión territorios.

¿Vale realmente la pena, promover esta clase de industria ante un horizonte social tan conflictivo?

A modo de conclusión proponemos una Reforma a la Ley de Minería que se centre en los puntos siguientes:

1. La condición fundamental que debe reconocer la Ley de Minería es que se establezca con todo el peso de la ley, el derecho de los pueblos Mayas, Xincas, Garifunas y mestizos, a ser debidamente consultados de manera previa, libre e informada, a la autorización o concesión de bienes naturales para su explotación en sus territorios. Sin licencia social no debe haber proyectos
extractivos.

2. El mecanismo de consulta debe ser aplicado para la aprobación de las reformas a la Ley de Minería. Sin licencia social no debe haber reforma a la Ley de Minería.

3. La consulta no requiere legislación adicional. El Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT constituyen un cuerpo legal suficiente.  Asimismo es crucial que el Estado de Guatemala ratifique la validez de las mas de 70 Consultas comunitarias y de vecinos que se han realizado basadas en dichos instrumentos.

4. Regulación de las actividades de extracción de materiales de construcción, minerales no metálicos, rocas decorativas, piedras semi-preciosas y preciosas, garantizando altos estándares de protección al medio ambiente y en particular para el recurso hídrico superficial y subterráneo.

5. Que excluya del todo la posibilidad de realizar minería de metales y tierras raras. En ese sentido Guatemala necesita seguir los pasos de nuestra vecina Costa Rica que ha legislado claramente en contra de la actividad minera extensiva de metales, prohibiendo el uso de químicos altamente tóxicos como el cianuro de sodio.

6. Consideramos que la necesidad de proteger y aprovechar pertinentemente la riqueza de los bienes naturales en nuestro territorio, plantea un modelo de desarrollo que deja fuera de consideración a la minería de metales.

7. Finalmente queremos aprovechar este foro para plantear públicamente la necesidad imperiosa de poner a discusión amplia y consultada con todos los sectores de la sociedad guatemalteca, la aprobación de una Ley General de Aguas dirigida a establecer el marco de relaciones en que se debe realizar la protección de las fuentes de agua, su aprovechamiento y utilización para los
diversos necesarios a la vida y economía de la población guatemalteca. Esta Ley debe fundamentarse en el derecho humano al agua y en el respeto a las formas tradicionales en que las comunidades indígenas valoran y protegen este preciado bien natural.

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Guatemala, 11 de septiembre 2013.

 

Fotografías:
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